4 de octubre de 2007 (LPAC) — Los crímenes que cometió el finado dictador fascista de Chile, Augusto Pinochet, puesto en el poder por George Schultz y Felix Rohatyn, ciertamente le sobrevivieron. El 4 de octubre, el juez Carlos Cerda inició proceso legal y mandó arrestar a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, sus cinco hijos y 17 de sus colaboradores, civiles y militares, bajo cargos de malversación de fondos públicos relacionados con la fortuna secreta que Pinochet escondió en el Banco Riggs de Washington D.C.

Parte de la fortuna considerable de Pinochet provino de comisiones que le pagó el cartel armamenticio BAE de la monarquía británica, que lo contrató para que les arreglara la compra de armas por parte de varios países, y le dieron una tajada considerable por sus servicios. El juez Carlos Cerda documentó el hecho de que las fuentes "legítimas" de ingresos —salario, pensión, inversiones etc.— de Pinochet ni siquiera sirven para empezar a respaldar los más de $20 millones de dólares en activos que acumuló.

El proceso legal acusa a 23 personas de robarse fondos públicos que formaban parte del presupuesto de "reserva" del Ejército, y depositarlos en cuentas en el exterior bajo nombres supuestos, o blanquearlos mediante la compra y venta de bienes raíces, entre otras actividades ilegales. Dos de los acusados son dos generales retirados del Ejército que tenían posiciones ejecutivas en la FAMAE, la compañía de Industrias militares que se convirtió en el vehículo personal de Pinochet para arreglar los acuerdos con la BAE y su sucursal, Royal Ordenance. El ex director de la FAMAE general Héctor Letelier Skinner fue clave en la creación de compañías pantalla en los refugios financieros de ultramar británicos que usó Pinochet para esconder su fortuna malhabida.