6 de agosto de 2009 (LPAC).— Hablando a nombre de sus patrocinadores de la City de Londres, el Washington Post lanzó el pasado jueves 6 de agosto el último de una serie reciente de ataques sobre el papel del ejército mexicano en la guerra a las drogas en ese país, citando como fuentes toda ONG conocida sobre 'derechos humanos' del establo por la legalización de las drogas del nazi George Soros. Alegan que el Ejército está cometiendo atrocidades contra los derechos humanos con impunidad, mientras enfrenta a los cárteles de las drogas, y que no procesará a sus soldados por tales abusos.

Las fuentes del Post —Human Rights Watch, la Oficina en Washington sobre Latinoamérica (WOLA), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez— no solo son miembros de larga data del establo de drogos de Soros. También odian y difaman al estadista estadounidense Lyndon LaRouche, quien repetidamente los ha denunciado por estar al servicio de 'Narcotráfico S.A' del imperio británico.

El Senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont), presidente de la subcomisión de Asignaciones del Senado para operaciones extranjeras, basado aparentemente en reportes de esas ONGs mencionadas arriba, ha rechazado un reporte del Departamento de Estado sobre el ejercicio de los derechos humanos en México, el cual resulta favorable al país; Leahy argumenta que ese informe contradice otros que acusan al Ejército de tortura, desapariciones forzadas, asesinato, etc. en su guerra contra las drogas.

El rechazo de Leahy al reporte del Departamento de Estado demorará la entrega de al menos $100 millones de dólares en asistencia vital para la lucha antinarcóticos en México, incluidos dentro de la Iniciativa Mérida. Si el reporte no sale para el 30 de septiembre, México probablemente perderá algo del dinero del plan Mérida. Esta acción ocurrió en las vísperas de la visita del 8 y 9 de agosto del presidente Barack Obama a México, para reunirse con el presidente Felipe Calderón y con el Primer Ministro de Canadá, Harper.

El objetivo del capo Soros es sacar al Ejército de la guerra a las drogas, y proceder a una legalización a escala completa. Human Rights Watch le ha escrito a Hillary Clinton pidiéndole que certifique a México en derechos humanos solo si el sistema de justicia militar es reformado, de tal forma que los casos de derechos humanos sean investigados y tratados por autoridades civiles. Y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro financiado por Soros, ya ha presentado un caso a la Suprema Corte Mexicana, alegando que es anticonstitucional que los casos militares en derechos humanos sean tratados en las cortes militares.

Fuentes mexicanas de alto nivel han advertido que cualquier 'reforma' como ésta destruiría de hecho al Ejército, y pondría fin a la guerra a las drogas en México, lo cual es precisamente lo que la pandilla de Soros quiere. Sobre el escritorio de Calderón, esperando sólo su firma, está la legislación para legalizar las ventas al 'menudeo' de una gama de drogas para el consumo personal.