25 de junio de 2007 (LPAC).— El lunes 25 de junio del 2007, el diario The Washington Post publicó la segunda parte de una serie de cuatro artículos de primera plana, desenmascarando al vicepresidente Dick Cheney como el arquitecto del asalto en contra de la Constitución de los E.U por parte de la Casa Blanca de Bush. La denuncia del Post, hasta ahora, refleja con precisión las aseveraciónes de vieja data de Lyndon LaRouche de que el vicepresidente Cheney ha sido el "Hermann Goering" del gobierno de Bush, fraguando una serie de pasos con el objetivo de establecer una dictadura en tiempos de guerra. En su videoconferencia internacional del 21 de junio del 2007, LaRouche citó el reciente escándalo BAE-saudita y el papel de Cheney en el intento por encubrir la existencia de aproximadamente 100 mil millones de dólares en fondos sucios británicos, fuera del presupuesto, para operaciones encubiertas y tráfico ilegal de armas, como una razón para sacar de inmediato de su puesto al vicepresidente.

En otra de sus recientes declaraciones públicas, LaRouche exhortó al liderato demócrata en el Congreso, en particular a la presidenta de la bancada de mayoría Nancy Pelosi, que dejaran de estar bloqueando el juicio político contra Cheney que tiene un abrumador apoyo popular, y que ya se ha presentado ante la Cámara Baja como proyecto de ley de juicio político, patrocinado por el congresista Dennis Kucinich (D-OH). La observación de LaRouche del 21 de junio, de que el vicepresidente está "con el agua al cuello" por no haber podido enterrar el escándalo de la BAE, la confirman las revelaciones del Washington Post, que ahora sugieren que una facción más amlia de la elite angloamericana ha llegado a la conclusión de que Cheney ha perdido su utilidad y se ha convertido en una carga seria.

En la segunda entrega, que tiene el título sin ambages de "El camino invisible a la crueldad", escribe el Post: "Las victorias invisibles del vicepresidente atestiguan rasgos que con frecuencia se le atribuyen pero que son difíciles de demostrar en los registros públicos: sigilo minucioso, persistencia en el punto central, flexibilidad táctica al servicio de objetivos fijos y conocimiento profundo del mapa del poder del gobierno. En las decisiones críticas en más de seis años, Cheney con frecuencia ha controlado los momentos claves; inclinando el resultado siempre que pudo, diseñando un punto muerto cuando no pudo y reabriendo los debates que los rivales creían que estaban superados".

El artículo se enfoca en el papel central de Cheney en hacer pedazos las Convenciones de Ginebra en contra de la tortura, y de la Constitución de E.U., al presionar por el uso irrestricto de las técnicas de tortura estilo nazi en la "Guerra Global al Terrorismo". Con una cronología detallada de las reuniones tras bambalinas en la Casa Blanca, que con frecuencia pasaban por alto a los rivales de Cheney en el Gabinete, en particular al ex secretario de Estado Colin Powell, el artículo del Post identifica al vicepresidente como el arquitecto clave en la política de tortura "legalizada". El artículo del Post informa: "La oficina del vicepresidente tuvo un papel central en hacer añicos los límites sobre la coerción a los prisioneros en custodia de los E.U., comisionando y defendiendo las opiniones legales que el gobierno de Bush ha estado presentando desde entonces como iniciativas, meses después, de funcionarios menores". Incluso después de que la Corte Suprema y el Congreso se movieran para darle marcha atrás a algunos de los métodos de tortura más atroces ordenados por Cheney, documenta el Post, "Cheney ganó mucho más de lo que perdió. Muchas de las medidas duras de las que fue el paladín, y algunos de los principios más generales que los apuntalaban, han sobrevivido intactos pero fuera de la vista pública".

El artículo del 25 de junio también detalla la elaboración secreta de una orden Presidencial, firmada por George W. Bush el 7 de febrero del 2002, en la que se pasan por alto las Convenciones de Ginebra y se le permite a los interrogadores de E.U. llevar a cabo interrogatorios usando técnicas prohibidas. Aunque fue Bush el que firmó la orden, no fue más que una copia al carbón del borrador preparado por David Addington, director de la Oficina legal del vicepresidente Dick Cheney y ahora su Oficial Mayor. Pasaron por alto tanto al Secretario de Estado Colin Powell como a la Asesora de Seguridad Nacional, Condoleeza Rice, quienes no supieron sobre la política de tortura sino hasta cuando fue descubierta en los medios informativos en junio del 2004. Cheney y Addington fraguaron esta Orden Presidencial, y otra serie de acciones ejecutivas que permitieron el espionaje interno y la detención de ciudadanos estadounidenses acusados de ser "combatientes enemigos" utilizando una red de partidarios de Cheney, que habían sido colocados en puestos claves del Departamento de Justicia y otras agencias, y quienes recibían órdenes directamente del vicepresidente y de Addington, según el relato del Post.

Los reporteros del Post, Barton Gellman y Jo Becker, también documentan en esta segunda entrega el papel de Cheney en mutilar los esfuerzos del Senado de los E.U. para establecer reglas claras sobre las técnicas de interrogatorio. Aunque el Congreso aprobó legislaciones patrocinadas por los senadores republicanos John McCain (R-Az), Lindsey Graham (R-SC) y John Warner (R-Va), para el momento en que se sometió a votación, se le había quitado al proyecto de ley muchas restricciones y se le había dado al presidente, no al poder judicial, la decisión final sobre lo que constituye tortura. Finalmente, exoneraron por completo a la CIA de las limitaciones. El artículo del Post concluye que en últimas cuentas, Cheney sostiene que el Presidente, como Comandante en Jefe, tiene el poder inherente de no tomar en cuenta al Congreso y el poder Judicial para nada, una visión del poder del "ejecutivo unitario" derivada directamente del jurista nazi Carl Schmitt. "Según los participantes en el debate [sobre las reglas para las técnicas de interrogación de la CIA —ed.], el vicepresidente es de la opinión de que Bush no tiene que honrar ninguna de las restricciones legislativas o judiciales. Su abogado, dicen, ha expuesto de nuevo recientemente el argumento de Cheney de que cuando el poder judicial y el Congreso "tienen la intención de" limitar la autoridad de declarar guerras del comandante en jefe, él tiene la prerrogativa constitucional de hacer caso omiso".