Los equipos de primeros auxilios brasileños advierten "Bienvenidos al infierno" frente a las Olimpiadas

6 de julio de 2016

6 de julio de 2016 — El informe de 224 páginas elaborado por la comisión de auditoría fiscal independiente, contratada por el senado brasileño para que emitiera una opinión experta sobre si la presidente Dilma Rousseff había violado la ley sobre déficit fiscal, como reza el intento de someterla a un juicio político, fue dado a conocer la semana pasada. En testimonio hoy ante la Comisión de Juicio Político del Senado, uno de los tres miembros de la comisión informó que sus hallazgos sobre las cuatro acusaciones fueron unánimes. A saber: que tres de los decretos de gastos implicados fueron emitidos por la Presidente, pero que no existen evidencias de que Dilma Rousseff haya sido responsable de la demora en los pagos necesarios; en tanto que el cuarto decreto no afectó el presupuesto y por lo tanto no violó ninguna ley presupuestaria.

Los medios de Wall Street, internacionales y brasileños respondieron simplemente: ¿y eso qué? El juicio político es siempre una cuestión política y ella va a ser enjuiciada. Porque así lo queremos y punto. El larguerillo de la revista Forbes, Kenneth Rapoza escribió de hecho que las apuestas de los fondos compensatorios sobre las posibilidades del enjuiciamiento político estaban en un 90%, lo que deja claro que va a ser enjuiciada.

El país se está desintegrando bajo esta crisis de gobierno, económica, social y ahora de seguridad, deliberadamente inducida, justo cuando Brasil se encamina a ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos, los cuales se inaugurarán el 5 de agosto en Río de Janeiro, lo que ha creado una peligrosa vulnerabilidad en la seguridad.

El gobierno usurpador ha impuesto recortes radicales en los gastos públicos, lo que ha orillado a los gobiernos estatales y municipales a dejar de pagarle a los trabajadores del sector público y a sus proveedores. El gobernador del estado de Río de Janeiro, en donde se celebrarán las Olimpiadas, declaró al estado en "estado de calamidad pública" a principios de junio, tratando de atraer la atención del gobierno federal. El gobierno espurio de Temer prometió dinero rápidamente, pero hasta la semana pasada, no se había desembolsado.

La semana pasada, 300 miembros de los equipos de primeros auxilios de Río de Janeiro protestaron por la falta de pagos y recursos necesarios, entre ellos que no se les está dando dinero ni para la gasolina de las patrullas. Un grupo desplegó al aeropuerto internacional de Río de Janeiro en donde mostraron mantas gigantes con la inscripción en inglés;"Welcome to Hell. Police and Firefighters don't get paid. Whoever comes to Rio de Janeiro will not be safe" (Bienvenidos al infierno. La policía y los bomberos no reciben sueldos, nadie que venga a Río de Janeiro va a estar seguro).

Una manta que colgaron en un paso a desnivel cerca del aeropuerto advertía: "Welcome. We don't have hospitals" también en inglés (Bienvenidos. No tenemos hospitales).

Después de la ola de atentados terroristas a nivel mundial de los últimos 10 días, el ministro de Transporte anunció el viernes que se va a desplegar a los aeropuertos y en las playas unos 2,700 efectivos de la Armada en donde están programados los eventos olímpicos. El ministro de Justicia Alexandre de Moraes hizo un llamado hoy a que todos mantengan la calma, turistas y lugareños por igual, con el mensaje alentador de que "no es probable" que haya actos de terrorismo en contra de los juegos olímpicos.