Dilma anunció que atestiguará ante el Senado en el proceso de juicio político que empieza este mes

20 de agosto de 2016

20 de agosto de 2016 — El proceso de juicio político a la Presidente de Brasil, Dilma Rousseff, comenzará el 25 de agosto, informó el miércoles 17 el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lewandowski. Éste presidirá el juicio, que comienza con dos días de testimonios de testigos de la defensa (seis en total) y de los fiscales (dos). El juicio se reanuda luego del fin de semana, el 29 de agosto, y se espera que concluya al día siguiente.

La Presidente Rousseff anunció esta semana que ella comparecerá personalmente ante el Senado el día 29, para hablar en su propia defensa, y luego responderá las preguntas de los senadores. El senador Humberto Costa, que encabeza la fracción del partido de gobierno (PT) en el Senado, señaló que su presencia es una demostración de que ella no tiene nada que temer, y que "ella hablará para el país, para la historia".

La Presidente Dilma envió una carta a los senadores y al país, en la cual reitera que dado que no ha cometido ningún "delito de responsabilidad", ni se ha probado ningún delito en su contra, cualquier enjuiciamiento suyo constituye un golpe de Estado. La principal "acusación" contra ella ha sido que la tienen que quitar porque su gobierno ha fracasado, pero como lo señala en su carta, el único organismo que puede quitar legalmente a un Presidente por "sus obras" es el electorado. Asimismo, promete que en caso de no ser enjuiciada, ella organizar[a un plebiscito para cambiar la constitución par que haya elecciones adelantadas.

Los jacobinos de la operación Lava Jato dizque contra la corrupción continuaron esta semana con su enfoque de tierra arrasada, y pidieron a un juez de la Suprema Corte que abra otra averiguación contra Dilma, contra el ex Presidente Lula da Silva, dos de los ex miembros del gabinete de Dilma y dos miembros de la Corte Superior de Justicia (distinta la Corte Suprema), lo cual se les concedió; la acusación esta vez es por presuntamente conspirar para nombrar jueces a la Corte Superior de Justicia para que detengan la operación Lava Jato.