En las "empresas familiares" de Macri, proliferan las compañías en paraísos fiscales

9 de diciembre de 2016

8 de diciembre de 2016 — Los investigadores judiciales argentinos han descubierto que el Grupo Macri, el conglomerado que incluye todas las empresas de la "familia" del Presidente Mauricio Macri, es propietario de 29 compañías en paraísos fiscales, informó Minutouno el 6 de diciembre. Es más, los amigos cercanos y colaboradores de Macri en la coalición gobernante Cambiemos, son propietarios de otras 18 compañías en paraísos fiscales extraterritoriales.

El legislador federal Darío Martínez, quien ha estado investigando las acusaciones sobre las operaciones financieras ilegales de Macri, que se dieron a conocer por primera vez en los Documentos de Panamá ("Panamá Papers") aseveró que el Decreto 2010 que Macri emitió la semana pasada por el cual se le permite a funcionarios del gobierno que han ocupado puestos desde el 2010 y los miembros de su familia, participar de la amnistía fiscal que se anunció hace solo cuatro meses, solo se puede explicar por la existencia de estas entidades en paraísos fiscales de Macri y sus amigos. El proyecto de ley original aprobado por el Congreso prohíbe la participación de funcionarios del gobierno y los miembros de sus familias en la amnistía.

Si se mantiene el decreto, eso significaría que los miembros de la familia del propio Macri, muchos de ellos implicados en arreglos financieros ilegales, lavado de dinero sucio, contrabando etc., podrían traer de regreso sus fondos de esos paraísos fiscales, sin tener que responder ante nadie. El gobierno está desesperado por efectivo. Macri y el Ministro de Finanzas Alfonso Prat-Gay predijeron que una vez que se implemente, la amnistía fiscal repatriará entre $20 y $40 mil millones de dólares, para echar a andar la recuperación económica de Argentina. Pero hasta ahora solo han ingresado $7 mil millones y el gobierno sigue emitiendo deuda nueva para cubrir los gastos corrientes.

El Decreto 2010 es también anticonstitucional, ya que viola la disposición que establece que ningún decreto puede alterar una ley aprobada por el Congreso. Página 12 informó el 6 de diciembre que los legisladores del Frente Victoria (FpV) han presentado un interdicto en contra del decreto. Otro grupo de legisladores han presentado una demanda penal en contra de Macri, su jefe de Personal Marcos Peña y Prat-Gray por abuso de poder y violación de sus deberes como servidores públicos. El legislador del Frente Renovación, Felipe Sola, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que él va a pedir la formación de una comisión bicameral para que se investigue a los familiares de los funcionarios públicos que participaron en la amnistía fiscal, si no se revoca el decreto de Macri.