La investigación de la "Operación Lava Jato" dirigida por Londres, extiende su alcance fuera de Brasil

24 de diciembre de 2016

23 de diciembre de 2016 — El miércoles 21 se anunció en un tribunal de Brooklyn, Nueva York, que la empresa constructora gigante brasileña, Odebrecht, y la empresa Braskem afiliada a esta —ambas objeto de esta operación británica para acabar con las capacidades tecnológicas de Brasil, en la mentada "Operación lavadero de coches" (Lava Jato, en portugués)— llegaron a un acuerdo de culpabilidad en el que tendrá que pagar $3,500 millones de dólares en multas por conspirar para violar la ley de Estados Unidos contra sobornos del extranjero. El acuerdo fue arreglado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ en sus siglas en inglés) y las autoridades judiciales suizas y brasileñas.

De acuerdo a documentos del tribunal, entre el 2001 y el 2016, Odebrecht está acusada de pagar $788 millones de dólares en sobornos asociados con 100 proyectos de infraestructura en 12 países, entre ellos, Brasil, Argentina, Colombia, México y Venezuela en Iberoamérica; y en África, en Angola y Mozambique. Hace unos dos años, los fiscales brasileños comenzaron a ponerse en contacto con sus colegas en esos países, exhortándolos a que investigaran a los empresarios locales o a las compañías que habían hecho negocios con Odebrecht. Claramente el DOJ, el FBI y otros operativos de inteligencia y finanzas que participan en la operación de Lava Jato tienen la intensión de extender esta operación destructiva a todas esas otras naciones también.

En Brasil, Reuters se regodea e informa hoy, que Odebrecht aceptó que 77 de sus ejecutivos y empleados cooperaran con la investigación, "y ellos ya dieron testimonio con el que se espera implicar a más de 200 políticos brasileños".

En Argentina, a los fiscales locales ya se les hace agua la boca con la posibilidad de que podrán implicar a la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner en la cacería local de Lava Jato, con el cuento de que Odebrecht pagó supuestamente $35 millones en sobornos para realizar proyectos de obras públicas en Argentina entre 2007 y 2014, el primer período de gobierno de Fernández. Los fiscales argentinos se están coordinando estrechamente con los miembros del equipo brasileño de Lava Jato.