La bancarrota de Puerto Rico agita al mercado de bonos municipales de 3.8 billones de dólares

4 de may de 2017

4 de mayo de 2017 — A petición del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, la junta de control financiero que se estableció el año pasado para supervisar las finanzas de la isla, introdujo en la corte federal del distrito de San Juan el miércoles 3 de mayo una moción para declarar al gobierno central bajo protección por bancarrota. Hasta el momento no se ha especificado qué tanto de los $74,000 millones de dólares de la deuda de Puerto Rico se incluyen en la demanda de bancarrota, pero no obstante, esta será la bancarrota municipal más grande en la historia de Estados Unidos, dejando muy por detrás a la bancarrota de la ciudad de Detroit en 2013, que fue de $18,000 millones de dólares.

Ya el pánico se ha apoderado de los mercados, ante la incógnita de cómo esto afectará al mercado de bonos municipales de Estados Unidos, que llega a los $3.8 billones de dólares, entre los cuales se cuenta una parte importante de la deuda puertorriqueña. La agencia de noticias financieras Bloomberg informó con preocupación ayer que la bancarrota podría imponer “grandes pérdidas a los tenedores de bonos” que compraron los bonos municipales de Puerto Rico, que están libres de impuestos, confiados en que no tendrían que preocuparse nunca por una bancarrota.

Como Puerto Rico es un Territorio de Estados Unidos, le es negado el derecho a declararse en bancarrota. Pero bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en sus siglas en inglés), que fue aprobada el año pasado por el Congreso, el gobierno de la isla pudo actuar a través de la junta de control para invocar el Título III, un mecanismo de bancarrota que el Congreso creó especialmente para Puerto Rico, para que recurriera a él en caso de que se interrumpieran las pláticas de reestructuración.

El 1ro de mayo, mientras los manifestantes tomaron las calles para denunciar que el gobierno está imponiendo austeridad draconiana, expiró una estancia legal que protegía a Puerto Rico de demandas, no habiendo hecho ningún avance en las pláticas por una reestructuración. El 2 de mayo, el Wall Street Journal informó que los acreedores comenzaron a introducir demandas en una corte federal, atacando, entre otras cosas, el plan fiscal del gobierno que elimina ciertas categorías de la deuda hasta por un 70%. Los fondos especulativos, los especuladores, los aseguradores de bonos, y los fondos buitre, se hicieron camino hacia las cortes para exigir de Puerto Rico su libra de carne. Por el momento, esas demandas están congeladas.

En una conferencia de prensa esta mañana en el palacio de gobierno, La Fortaleza, Rosselló anunció que “no obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”. Aunque la demanda inicial solo se puede aplicar al gobierno central, el gobernador dijo que es posible que las otras agencias del gobierno también busquen esa protección muy pronto. Rosselló dijo que “seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores”.