Puertorriqueños presionan para hacer auditoria a la deuda, mientras la Junta de Supervisión recorta las pensiones

14 de agosto de 2017

14 de Agosto de 2017 -– Activistas en Puerto Rico están organizando en apoyo de un grupo de acreedores no asegurados que están procurando que se investigue judicialmente la deuda de Puerto Rico, ya que según sostienen hay conflictos de intereses entre los miembros de la Junta de Supervisión Financiera que fue creada por el Congreso de Estados Unidos en el 2016, la ley PROMESA, y algunos tenedores de los bonos. En su decreto de austeridad más reciente, la junta de control dijo la semana pasada que, a los 168,000 pensionados puertorriqueños, va a reducirle en un 25% las pensiones a tres de cada cuatro de ellos, y reducirá los días de trabajo a todos los 158,000 empleados públicos en dos días al mes, excepto a los policías.

La red noticiosa Democracy Now cita a Eva Prados, una abogada que trabaja con Citizens Front for the Auditing of the Debt (Frente Ciudadano por una Auditoría a la Deuda), el 10 de Agosto: “Lo que está sucediendo en este país no es un procedimiento común de bancarrota. Es de hecho el procedimiento de bancarrota más grande que se haya llevado a cabo en todo Estados Unidos, y que va a definir el futuro de la economía de Puerto Rico. ¿Por qué estamos apoyando la moción presentada por un grupo de acreedores? Porque entendemos que la investigación que ellos proponen es una investigación extremadamente importante. Entendemos que este comité de acreedores está interesado particularmente en una evaluación de la legitimidad de la deuda, en particular en todo lo que está relacionado con las emisiones hechas por los bancos. En ese sentido, ofrecen una buena oportunidad para conocer el papel de los bancos de una forma objetiva”.

El Frente de Ciudadanos se enfoca particularmente en conocer el papel que jugaron bancos privados como el Banco Santander, el Banco Popular y el ahora difunto “Government Development Bank” (BGF) en la creación de la deuda de $70 mil millones de dólares. Respondiendo a la argumentación hecha por la junta de control, al respecto de que ellos también van a hacer una auditoria a la deuda, el Frente de Ciudadanos dijo que en vista de que tres de los miembros de la junta fueron ejecutivos de los bancos mencionados anteriormente, existe claramente un conflicto de intereses. Denuncian que la porción ilegítima de la deuda posiblemente ronda los miles de millones de dólares.