La receta genocida para la deuda de Puerto Rico: Ley ‘PROMESA’ del 2016, exigida por Obama y Wall Street

6 de octubre de 2017

6 de octubre de 2017 — El 29 de junio de 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en sus siglas en inglés). En ese momento, el entonces Presidente Obama y su Secretario del Tesoro, Jack Lew, alegaron que se tenía que aprobar la ley para evitar una “catástrofe” en Puerto Rico, reestructurar la deuda impagable de $72 mil millones de dólares, e imponer un mes un congelamiento de seis meses a las litigaciones de los acreedores, entre otras cosas.

¿Promesa? Lo único que esta ley ha hecho es exacerbar la catástrofe que ya existía en la isla. No tenía ninguna disposición para restablecer la economía. No ha habido ningún avance en la reestructuración; el tiempo de litigaciones ya se venció; y en mayo de este año, por petición del gobernador Ricardo Rosselló, la junta de control financiera que les fue impuesta (establecida para supervisar las finanzas de la isla) interpuso en un tribunal de San Juan una demanda para poner a la isla bajo la protección de bancarrota, en base a una disposición especial de la ley PROMESA que permite una acción como esa.

Desde el comienza, la junta le dio a Puerto Rico el tratamiento “griego”, o sea, impuso una austeridad despiadada, socavando cualquier posibilidad de recuperación económica y provocando un sufrimiento humano indecible. Consideren que el 45% de los 3.6 millones de habitantes de la isla vive por debajo de la línea de pobreza. La tasa de desempleo es de 13%, el 68% de la población (2.37 millones de personas) dependen de Medicare y Medicare Advantage (los programas públicos de atención médica para las personas de mayor de 65 años) y Medicaid (el programa público de atención médica para las personas de muy pocos ingresos). Y aun así, la junta de control ha exigido que se hagan recortes de $3 mil millones de dólares al presupuesto de gastos por un período de dos años (de lo cual, la mitad son recortes a servicios esenciales) y una reducción de $6,100 millones de dólares al servicio de salud en un período de 10 años, incluyendo la reducción de las pensiones en un 10%. Es posible que el sistema de pensiones se quede sin fondos a finales de este año.

Mientras exigen la reducción y privatización del gobierno, la junta también rechazó que se aumentaran los beneficios de Medicaid y Medicare para la población, a pesar de que Puerto Rico paga un porcentaje más alto a Medicaid que algunos de los estados continentales más ricos de EUA; impuso una ley de reforma laboral que eliminó los beneficios considerados como “obstáculos” para la creación de empleos, y redujo el salario mínimo para los jóvenes entre 18 y 24 años de edad a $4.25 dólares, con el pretexto de que el salario mínimo federal, que es más alto, “desalienta el empleo”.