Brasil puede estallar para el 24 de enero

9 de enero de 2018

8 de enero de 2018 — Ese es el día en que está programado que un tribunal federal de apelaciones decida si ostendrá o no la sentencia de cárcel por 9 años y medio que le dictara al ex Presidente de Brasil, Lula da Silva, el juez Sergio Moro, quien encabeza la operación de “Lava Jato”. Actualmente, Lula es el candidato principal para Presidente en la campaña electoral presidencial del 2018, pero si como se espera se mantiene la sentencia, será despojado de su derecho a postularse a un cargo político.

La naturaleza tanto de la condena como de la sentencia es obviamente política. En un discurso que dio en Washington, DC, el 19 de julio de 2017, Kenneth Blanco, quien era entonces Procurador General Adjunto Interino de Estados Unidos, y director de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ en sus siglas en inglés) dijo que el DOJ se llevaba el crédito por asegurar que Lula fuera condenado, junto con el aparato de la operación de “Lava Jato”, un hecho que se ha dado a conocer ampliamente en Brasil desde que EIR emitió un boletín de prensa respecto al papel que jugó el DOJ en diciembre. Como no pudieron encontrar ninguna verdadera corrupción, el equipo del DOJ y de “Lava Jato” enjuiciaron a Lula por haber recibido $1.1 millones de dólares para reparaciones de un apartamento de clase media para vacacionar, del que ni Lula ni su esposa eran dueños, a cambio de supuestos favores políticos de los que no hay prueba alguna.

El alcalde de Porto Alegre, la ciudad en la cual se encuentra el tribunal de apelaciones pertinente, pidió que el ejército despliegue sus tropas para asegurar la calma, una petición que hasta ahora el ministro de Defensa ha rechazado.

El argumento que hizo Jose Policarpo Junior, profesor en la Universidad Federal de Pernambuco, es indicativo del actual estado de ánimo de la población en el país. El escribió en una columna que fue publicada el 5 de enero del 2018, que la decisión significara un baño de sangre en la historia de Brasil, comparable al impacto que tuvo el caso Dreyfus para Francia, los primeros juicios de judíos hechos por los nazis para Alemania, y lo que fue el golpe de Pinochet para Chile, entre otros casos que citó.

Para añadir todavía más furia contra la fraudulenta pelea “anticorrupción” encabezada por el DOJ de Estados Unidos, se anunció la semana pasada que la compañía petrolera estatal, Petrobras, le va a pagar $2,500 millones de dólares a sus accionistas estadounidenses y británicos, como compensación por las supuestas “pérdidas” en las que incurrieron por el efecto que tuvo la corrupción en el valor de las acciones de Petrobras. Se informa que Eletrobras, la compañía eléctrica del Estado, que está programado que sea privatizada, está considerando buscar un arreglo similar en la demanda judicial conjunta equivalente que introdujeron en contra de esta.

Desde el comienzo de la operación “Lava Jato” se planeó que garantizarían que se harían esos pagos. Representantes de fondos especulativos extranjeros estuvieron presente en la reunión original de los fiscales de “Lava Jato” y los altos funcionarios del DOJ y el FBI, con los traficantes de dinero del mercado negro que hicieron que los testigos del Estado cambiaran sus declaraciones para recibir una jugosa suma de dinero.