Equipo de abogados de Lula desbarata el control del DOJ y FBI corruptos sobre la operación Lava Jato; hay bases para anular la condena, dicen

6 de abril de 2018

2 de abril de 2018 — El equipo de abogados del ex Presidente brasileño, Lula da Silva, introdujo el 16 de marzo un recurso explosivo ante el Tribunal Regional Federal del 4to Distrito, que podría hacer volar públicamente toda la operación Lava Jato de los británicos y de Wall Street, la cual se viene utilizando para desbaratar a Brasil como nación. Dependiendo de cómo resulte esto, este contraataque del equipo judicial de Lula podría también tener un efecto explosivo dentro de Estados Unidos, que se sumaría al destape del aparato corrupto del Departamento de Justicia (DOJ) alrededor del intento de golpe de Estado que pretende Robert Mueller contra el Presidente, Donald Trump.

El recurso presenta nueva evidencia como fundamento para desechar la acusación y sentencia de 12 años de cárcel que se dictó en contra de Lula por cargos evidentemente endebles de “corrupción”. Forman parte de esta evidencia declaraciones grabadas de altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el sentido de que el juez brasileño Sergio Moro y el equipo de sicarios de “Lava Jato” que enjuició a Lula, cooperó íntimamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, saltándose “procedimientos oficiales”, para “construir” su caso en general y en particular en contra de Lula da Silva, “en una afrenta manifiesta al debido proceso legal y a la soberanía nacional”.

La evidencia que fue presentada incluye el discurso que dio Kenneth Blanco el 19 de julio del 2017, quien encabezaba entonces la División Penal del Departamento de Justicia, en el cual dio a conocer el veredicto de culpable que se dictó contra Lula da Silva, como ejemplo a seguir de los “resultados extraordinarios” alcanzados por la colaboración del DOJ con el equipo de sicarios de Lava Jato, el cual, se jactó Blanco, operó fuera del “los procesos formales tales como los tratados de asistencia judicial mutua”.

Nadie en Brasil había tomado nota de ese discurso, que estaba disponible al público, sino hasta que la EIR publicó un boletín de prensa con las citas pertinentes, el 16 de diciembre del 2017, en donde señaló cómo se relacionaba esta operación con el intento de golpe de Estado que los británicos están tratando de dar contra el Presidente Donald Trump. La publicación de este boletín de prensa de EIR en Brasil fue explosiva.

A esta evidencia, el equipo judicial de Lula añade el discurso que dio Trevor McFadden el 24 de mayo del 2017, en una Cumbre Contra la Corrupción, en Sao Paulo, Brasil. McFadden era entonces el jefe de la División Penal del DOJ, y subprocurador general asistente, y en su discurso reiteró la afirmación de Blanco en el sentido de que el Departamento de Justicia de EU tenía el control de la operación “Lava Jato” y del caso en contra de Lula, entre otras joyas, y que Brasil y el Departamento de Justicia (DOJ) “no solo colaboraron entre ellos para conseguir la evidencia y construir el caso”, sino que acordaron las multas y el castigo que le impondrían en ambos países.

A la luz de lo anterior, y de que el juez del caso de Lula se negó a permitir cualquier pregunta de parte de la defensa que tuviese que ver con la participación extranjera en el caso contra Lula, su equipo legal también exigió que se le diera a la defensa la documentación de todos los contactos y reuniones que hubo entre el juez Moro de la operación Lava Jato y el Departamento de Justicia y el FBI. Si este recurso prospera, podría quedar al descubierto toda la operación.

Quienes llevaron a cabo el golpe contra la ex Presidente Dilma Rousseff, y que ahora tratan de meter a Lula en la cárcel, para que no gane las próximas elecciones presidenciales —en la cual es el candidato que encabeza las encuestas— van a tratar de barrer estos sucesos y esconderlos bajo la alfombra y seguir con lo mismo; pero el equipo legal de Lula documentó ante los tribunales brasileños y ante el pueblo que la operación de Lava Jato es un ataque internacional ilegal contra la nación, dirigido por medio de redes que controlan a la División Penal del Departamento de Justicia (DOJ) y al FBI, de Estados Unidos.