A veces, el mismo diablo está en los detalles

5 de may de 2019

4 de mayo de 2019 — El espectáculo que dio todo el Partido Demócrata, y la mayoría de los medios informativos dominantes los días 2 y 3 de mayo, como reacción al testimonio que presentó el Procurador General Bill Barr el 1º de mayo ante la Comisión Judicial del Senado, nos recuerda al espectáculo satírico de concurso de talentos” Gong Show, en donde los jueces paran al competidor haciendo sonar un gong; pero en el caso en cuestión, no hubo gong. Fue todo un espectáculo del absurdo de desplantes estrafalarios, a los que les deberían haber sonado el gong y mandado a callar antes de que el mundo comenzara a pensar que la élite de la clase política de Washington consiste en un montón de payazos completamente lunáticos. El ex director del FBI Jim Comey anunció que Trump “se comió” el alma de Bill Barr. Hillary Clinton alegó que vivía en el cerebro de Donald Trump, sin pagar renta, con lo cual desmintió a quienes habían afirmado que, como los antiguos premier soviéticos, había sido apuntalada en un estado moribundo y lanzada de sitio en sitio. Kamela Harris fue declarada la estrella, porque hizo que el Procurador General admitiera que no había leído cada una de las palabras de las pruebas voluminosas resultado de los dos años de investigación exhaustiva de Mueller, sino que solo se basó en los hechos declarados por Robert Mueller en sus conclusiones. Cory Booker, también conocido como “Espartaco”, proclamó que Barr estaba normalizando descaradamente el contacto con los rusos.

Toda persona sensata ha dicho lo obvio al respecto: El anuncio de Barr de que está investigando a los investigadores, ha inducido un pánico fuera de control en la clase política que está metida hasta el cuello en actos de sedición y de traición. Si esta investigación va a fondo, superando la contaminación británica que infecta a todos los políticos en Washington, y pone al descubierto al aparato imperial británico que estuvo y está detrás del intento de golpe, puede suceder cualquier cosa, en términos de la destrucción planeada de esta nación como resultado del golpe de Estado y de las teorías imperiales del derecho con que se apoyan.

Ahora bien, ha salido a la superficie un debate judicial que ha recibido poca atención, entre Robert Mueller y el Procurador General, y se ha vuelto un factor sumamente importante en el proceso. El debate es sobre el significado y las aplicaciones constitucionales de la segunda cláusula de una de las disposiciones de los estatutos sobre obstrucción de la justicia, 18 U.S.C. § 1512(c)(2). Mueller hizo una novedosa y perversa interpretación de la segunda parte del texto del 1512, según lo cual querría decir que “quienquiera que de manera corrupta obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, es culpable del delito de obstrucción”. Para llegar a esa conclusión, arrancó lo que sería normalmente una cláusula dependiente totalmente aparte del texto que acompaña.

Se puede interpretar que su invención incluye cualquier acto, no importa qué tan legal sea, que tenga el efecto de impedir una investigación federal, según lo determine el capricho subjetivo de los investigadores. Eso incluiría, por ejemplo, pedirle al director del FBI que deje una investigación, o despedir al director del FBI, actos legítimos del Presidente en virtud de las facultades que le da el Artículo II de la Constitución. Esta subversión y perversión del texto legal es con lo que parece que Mueller extendió artificialmente su investigación más allá de la fecha de septiembre de 2017 que es cuando el equipo judicial del Presidente pensaba que terminaría la investigación de Mueller. Luego de que los abogados examinaron toda la evidencia disponible, sabían que no había ninguna conspiración concebible entre la campaña de Trump y Rusia, y anticiparon plenamente, sobre esa base, que para septiembre de 2017 estaría terminada la investigación de Mueller. Pero como la investigación continuó, intentaron sin éxito averiguar cómo era posible que Mueller investigase al Presidente bajo cualquier interpretación tradicional del estatuto de obstrucción. Mueller les informó, sin embargo, en enero de 2018, sobre su nueva teoría judicial. Los abogados del Presidente atacaron de inmediato la teoría sin precedentes y por anticonstitucional, pero sin éxito. En su informe final, Mueller utiliza 20 páginas para defender su estrambótica interpretación del inciso 1512 (c)(2). Andrew Weissmann, el autor probable de este sinsentido, tiene una larga y tenebrosa historia de condenas penales que se le han revertido porque inventó delitos que no existían. Si William Barr no hubiera intervenido para detener este proceso, empezando en junio de 2018, es probable que Mueller hubiera seguido con esta farsa hasta las elecciones de 2020, generando filtraciones a la prensa y creando actos sobre el Rusiagate y alegando que las reacciones del Presidente a ellas podrían ser actos de obstrucción.

William Barr es un abogado brillante que dirigió la Oficina de Asesoría Judicial del Departamento de Justicia, que es el principal despacho encargado de asesorar a la Presidencia, antes de ser Procurador General durante el gobierno de George H.W.Bush. Después, durante su período de ejercicio privado de la abogacía, ya se había olido este esquema traicionero para el 8 de junio de 2018. En esa fecha escribió lo que ahora se conoce como el famoso memorando al subprocurador general Rod Rosenstein y al subprocurador general Steve Engel, titulado “La teoría de Mueller sobre la obstrucción”. Ahí, Barr escribió: “Según yo lo entiendo, su teoría se fundamenta en una innovadora y legalmente insostenible teoría del derecho. Más aún, en mi opinión, si el Departamento [de Justicia] le da crédito, tendría graves consecuencias mucho más allá de los confines inmediatos de este caso y le haría un daño duradero a la Presidencia y a la administración del derecho dentro de la Rama Ejecutiva”. El memorando de Barr consta de 19 páginas a renglón seguido, en donde repasa los estatutos sobre obstrucción de la justicia y señala que la teoría de Mueller no se sustenta ni en la Constitución ni en los estatutos pertinentes.

Cuando Donald Trump nombró a Barr Procurador General, después de que renunció Jeff Sessions, pasadas las elecciones de medió período, se convirtió en el supervisor de Robert Mueller, y para entonces ya la señal estaba escrita en el muro. Es por eso que los demócratas han estado chillando por el memorando del 8 de junio y William Barr desde el día en que se escribió ese memorando.

En una carta distinta fechada el 19 de abril que se filtró al diario Washington Post y a otras publicaciones el jueves, el asesor jurídico de la Casa Blanca, Emmet Flood, escribió un ataque cáustico sobre el Informe Mueller al Procurador General Barr. (Se puede leer en inglés en https://www.politico.com/f/?id=0000016a-799f-d9ca-a5ef-79ff98560001).

Flood fue socio del bufete jurídico Williams y Connolly, una firma del establecimiento político de Washington, DC, y defendió a Bill Clinton en su caso de juicio político y al Presidente George W. Bush en varias confrontaciones con el Congreso.

Para empezar, Flood le llama la atención a Mueller por cambiar por su opuesto la presunción de inocencia que plantea la Constitución, y dice que los fiscales tenían la obligación de “establecerlo” con respecto al Presidente Trump. “En el sistema de justicia estadounidense, se presume la inocencia… Nuestro país sería un lugar muy diferente (y muy peligroso) si los fiscales aplicasen la norma del Fiscal Especial y se obligase a los ciudadanos a demostrar, de manera concluyente… que no ocurrió ninguna conducta delictiva”. Dado que están fuera del vocabulario de nuestro sistema de justicia penal, dice Flood que la declaración de Mueller de que no exonera al Presidente, solo se puede entender como “declaraciones políticas”, de parte de fiscales que se supone que nunca deben ser políticos en el desempeño de sus deberes. Luego dice que Mueller dejó de cumplir con su deber de manera abyecta con respecto al caso de obstrucción, y al mismo tiempo violó de manera grosera los reglamentos bajo los cuales debía de funcionar. En vez de hacer su trabajo y producir una acusación o declinar la condena, Mueller produjo “una curiosidad procesal, parte ‘informe de la comisión de la verdad’, y parte como un examen para la escuela de derecho”. Flood señala que Mueller difundió públicamente acusaciones crudas y sin probar, de manera totalmente contraria a las regulaciones del Fiscal Especial, y si en realidad lo que hizo fue invitar al Congreso a que hiciera la tarea por él, como lo entendió el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Nadler, con ello violó de manera grosera la separación de poderes que manda la Constitución. Podría haber agregado que eso emulaba a los tribunales de la inquisición al que recurría el antiguo sistema británico, en lugar del sistema que integraron los fundadores de la república de Estados Unidos.

Flood luego establece cuáles son los privilegios del ejecutivo, para las investigaciones pendientes del Congreso, y pasa a detallar las numerosas ilegalidades que infectaron a toda la investigación del candidato y luego Presidente Trump. Se refiere al delito de James Comey, y señala que “no hace mucho tiempo, la idea de que un funcionario policial le pudiera proporcionar a la prensa información confidencial del gobierno con el supuesto propósito de provocar una investigación penal, hubiese molestado a los estadounidenses de todas las inclinaciones políticas. Que el jefe de la principal agencia policial de nuestro país haya hecho eso efectivamente al Presidente de Estados Unidos debería de alarmar a todo amigo de la libertad individual. Bajo nuestro sistema de gobierno, los funcionarios no electos de la Rama Ejecutiva y el personal de las agencias de inteligencia le responden a la persona elegida por el pueblo, el Presidente, y no al revés”.