Senadores estatales de Michigan piden una auditoría total del voto

13 de noviembre de 2020

13 de noviembre de 2020 – En una carta que se entregaría personalmente al secretario de Estado de Michigan el 13 de febrero, dos senadores estatales piden una auditoria total de la votación del 3 de noviembre. En su carta se refieren a la “falla técnica” que afectó a varios miles de votos en el condado de Antrim, y señalan que ese mismo programa de votación que tiene incluido esa “falla técnica”, desarrollado por la firma Dominion Voting Systems, se utilizó en otros 47 condados de Michigan.

La carta enumera varias otras formas de irregularidades que se descubrieron, entre otros el haber contado boletas inelegibles, haber cambiado la fecha de envió en los votos por correo, observadores electorales que no se les permitió entrar a las instalaciones, y muchas más. Dicen que han compilado más de 100 declaraciones juradas de ciudadanos de Michigan que están dispuestos presentar su testimonio. “Solicitamos que se lleve a cabo una auditoría total de la elección general de 2020 antes de la certificación de cualquier resultado”, dice la carta.

Fiscal General de Michigan amenaza con cárcel a quien denuncie fraude

La fiscal general del estado de Michigan, Dana Nessel, por medio de su Oficina de Información Pública, amenazo a un portal electrónico con una imputación penal si no retira un video donde se acusan ejemplos de fraude electoral, como parte de una serie publicada llamada #DetroitLeaks.

La carta de la fiscalía estatal dice: “Esta orden de CESAR y DESISTIR le informa que se halla en violación de las leyes de Michigan. Ha llegado a nuestra atención que ustedes han utilizado un portal electrónico para publicar información electoral engañosa y falsa… Los videos violan las leyes de Michigan al confundir intencionalmente y alterar la información relacionada a las elecciones”.

Esto es una escalada totalmente intolerable de la censura que se ha hecho lugar común en el panorama de los medios sociales, a los cuales se justifica con el sofisma de que “las empresas privadas pueden hacer lo que quieran”. En este caso, el propio gobierno del estado amenaza con un proceso penal por la publicación de declaraciones que cualquier funcionario estatal considera falso.

En 2011, la Corte Suprema falló en un caso similar que “La libertad de expresión y de pensamiento procede no de la benevolencia del Estado sino de los derechos inalienables de la persona. Y la supresión de la libertad de expresión por parte del gobierno puede dificultar más la denuncia de la falsedad, no menos. La sociedad tiene el derecho y el deber civil de participar en el discurso abierto, dinámico y racional. Estos fines no se cumplen bien cuando el gobierno busca orquestar una discusión pública a través de mandatos en el contenido”.

En ese caso, una persona fue acusada de transgredir la Ley de Valor Robado, la cual penaliza a quién miente respecto haber recibido condecoraciones militares. El fallo concluyó que: “La nación sabe muy bien que uno de los costos de la Primera Enmienda es que protege la expresión de cosas que detesta así como la expresión de cosas que abrazamos. Aunque algunos puedan considerar que las declaraciones del acusado sean despreciables, su derecho a hacer esas declaraciones está protegido por las garantías de la Constitución a la libertad de expresión. La Ley de Valor Robado infringe la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda”.

秋コーデ メンズ【2020/2021年最新】 , メンズファッションメディア