El tratado de Lisboa significa el feudalismo para europa

15 de marzo de 2008

por Helga Zepp-LaRouche

Cuando los jefes de Estado europeos se reunieron en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 para firmar el tratado de la Unión Europea que lleva el nombre de dicha ciudad —el cual es 95% idéntico a la Constitución de la Unión Europea que los referendos populares en Francia y los Países Bajos derrotaron en 2005—, todos estuvieron de acuerdo en que los parlamentos de Europa debían ratificarlo lo más rápido y con la menor alharaca posibles. Es bastante evidente que comparten la misma visión que el presidente francés Nicolás Sarkozy expresó el 14 de noviembre en una sesión privada con miembros del Parlamento europeo en Estrasburgo: los referendos, afirmó Sarkozy, son peligrosos; los derrotan en todo país en el que se realizan, por la profunda división que existe entre población y gobierno.

Fue en este ánimo que al Gobierno alemán no le apuró dar a conocer públicamente este tratado —prácticamente sin par en complejidad e impenetrabilidad— en su nueva forma apenas corregida y, en cambio, se limitó a emitir una lista de enmiendas.

Si uno se toma la molestia de leer el texto del tratado desde la perspectiva de las interpretaciones y comentarios de algunos expertos en Derecho constitucional de renombre, queda bastante claro por qué los gobiernos europeos se empeñarían tanto en que el tratado se ratificara tan en secreto y sin mucha discusión. Roman Herzog, quien presidió el Tribunal Constitucional Federal alemán de 1987 a 1994, por ejemplo, ya en enero de 2007 había escrito en el periódico Welt am Sonntag, que la Unión Europea amenaza la democracia parlamentaria de Alemania y que, por ese motivo, debía rechazarse el tratado. El profesor Hans Klecatsky, uno de los padres de la Constitución austríaca, fue aun más sucinto en su comentario: "La República austríaca, junto con su Constitución federal, se convertirá en una entidad jurídica parcial subordinada a la entidad jurídica de la Unión Europea. De modo que una subyugación definitiva de la República y, así, su disolución y absorción por parte de la Unión Europea, suplantan la coordinación de ambas constituciones. Los Estados miembro perderán la esencia de su condición existencial en tanto tales y los relegarán como meras entidades administrativas regionales".

La ratificación del tratado de Lisboa transformaría a la Unión Europea, de una federación de Estados, en un Estado federal, en uno en el que su poder ya no se deriva del pueblo, sino más bien de la propia Unión Europea. Klecatsky examina muchos aspectos individuales del tratado, para mostrar que, en cada caso, acarrearán un cambio fundamental de la Constitución austríaca, tal que sería absolutamente necesario efectuar un referendo popular para decidir al respecto. El profesor Karl ALbrecht Schachtschneider, uno de los cuatro que entablaron una demanda ante el Tribunal Constitucional Federal alemán contra el tratado de Maastricht y la introducción del euro, ha llegado a la misma conclusión.

Por supuesto, lo mismo se aplica a Ley Básica (la Constitución alemana), que en el Artículo 146 dice: "Esta Ley Básica, que se aplica a todo el pueblo alemán desde que Alemania alcanzó la unidad y la libertad, dejará de ser válida el día que entre en vigor una constitución adoptada libremente por el pueblo alemán".

El fin de la soberanía nacional

Y, de hecho, lo que se desprende de las declaraciones emitidas en la conferencia de gobiernos sobre el tratado de reforma es que, en adelante, a las leyes de la Unión se les dará precedencia sobre las de los Estados miembro. La Declaración 27 dice explícitamente: "La conferencia señala que los tratados y las leyes que la Unión establezca en función de esos tratados, en corcondancia con la jurisdicción actual vigente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de conformidad con las condiciones que define, tendrán precedencia sobre las leyes de los Estados miembro".

Pero el texto del tratado contiene aun más monstruosidades. La institución de un "procedimiento de revisión simplificado", conforme al Artículo 33, Párrafo 6 del tratado de la Unión Europea, faculta al Consejo de la Unión Europea para decidir la "revisión de la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". Esta tercera parte incluye todos los ámbitos de la toma de decisiones, excepto la política exterior y de seguridad, que más tarde listamos aquí nada más para delinear con más claridad el alcance de lo que comprende. Incluye: el libre flujo de productos dentro de la unión aduanera; la agicultura; el tráfico entre los países miembro; la libre circulación de servicios y de capital (es decir, el mercado nacional y las libertades básicas); el alcance de la libertad, la seguridad y el Derecho; el transporte; las reglas comunes que gobiernan la competencia, los impuestos y la concordancia de las leyes de regulación; la política económica y monetaria; el empleo; la política comercial común; la cooperación arancelaria; la política de bienestar social; la protección al consumidor; la red eléctrica transeuropea; la industria; la cohesión económica y social; la investigación y el progreso tecnológico; el ambiente; la cooperación en materia de desarrollo exterior; y la cooperación técnica, económica y financiera con terceros países. Las entidades legislativas de los Estados miembro no deben participar en los cambios a la regulación de ninguno de estos ámbitos.

Otro aspecto de esta destrucción paulatina de la condición existencial de los Estados miembro de la Unión Europea, es que el tratado de reforma le da a la Unión el derecho de imponer impuestos sin la aprobación de los parlamentos nacionales. De modo que, ¡los contribuyentes deben aflojar más plata para una burocracia a la que no tienen ningún modo de responsabilizar en lo absoluto!

Los despliegues militares

La llamada "cláusula de solidaridad" de los Artículo 27 y 28 del tratado de la Unión Europea ponen del más marcado relieve qué tan a cabalidad el tratado de reforma podría transformar a Europa, de una federación de Estados, en una oligarquía imperial. Éstas cláusulas establecen que los Estados miembro han de socorrerse unas a otras militarmente en el combate a "actividades terroristas". El término "actividades terroristas" aparece sin ninguna definición en lo absoluto, pero la ayuda militar sí se define como el despliegue con la fuerza de las armas, incluso para resolver conflictos y guerras de agresión, y los Estados miembro tienen la obligación de apertrecharse.

Otra modificación delicada del tratado es el establecimiento de un presidente designado con un mandato de dos años, quien tendría poderes amplios sobre el derecho a proponer y a rechazar políticas. Sarkozy, junto con el primer ministro británico Gordon Brown, se cuentan entre los que proponen a Tony Blair como semejante primer presidente europeo. No olvidemos que este mismo Blair, no sólo es el autor conceptual de la guerra de Iraq, sino que en 1999, en el famoso discurso que dio en Chicago sobre el "imperialismo liberal", propuso inaugurar una nueva era de intervencionismo mundial. Según él, la era de la Paz de Westfalia, y del respeto por la soberanía nacional relacionado, llega a su fin, y un "nuevo imperialismo" tiene que aprestarse para intervenir en los asuntos internos de las naciones... por razones "humanitarias", por supuesto. Es permisible que la OTAN intervenga en todo el mundo contra los Estados renegados, "aun cuando no nos veamos directamente amenazados".

Una dictadura oligárquica

Quien todavía dude sobre el significado de este tratado de Lisboa —una dictadura oligárquica en la que la soberanía de los Estados miembro se abandona por completo a favor de una agresiva estructura imperial, en la que un nuevo feudalismo elimina cualquier puntal con qué defender el estado de bienestar social y el bienestar general, y que nos acercaría aun más a un enfrentamiento suicida con Rusia y China, como acaba de demostrarlo el comportamiento de la Unión Europea en el caso de Kosovo—, que tome a pecho las palabras de su autor, el ministro italiano del Interior Giuliano Amato.

En una entrevista que le concedió a La Stampa el 12 de julio de 2000, Amato explicó que tomó como modelo a Inglatgerra y la Edad Media: "Por eso prefiero tomarlo con calma, para poco a poco ir desmenuzando pedazos de soberanía, evitando un viraje brusco de los poderes nacionales a los federales... Y, ¿por qué no regresar al período que antecedió a Hobbes? La Edad Media tenía una humanidad mucho más rica y una diversidad de identidades que hoy puede tomarse como modelo. La Edad Media es bella; puede tener centros políticos, sin depender del todo de alguien. Rebasa los confines del Estado nacional. Hoy, como entonces, los nómadas reaparecen en nuestras sociedades. Hoy, también, tenemos poderes sin territorios. Sin soberanías, no tendremos totalitarismo. La democracia no necesita soberano".

No por nada a las monarquías de Europa les entusiasma particularmente el tratado de la Unión Europea, una Europa de las regiones y las ciudades, sin Estados nacionales soberanos que defiendan el bienestar general, sino más bien una estructura imperial, una nueva Edad Media, con la esperanza de vida, demografía y pobreza que la acompañan. ¡No, gracias!

Es evidente que el crac financiero ha amplificado enormidades el vigor y el ritmo de la ofensiva de los gobiernos y de la Unión Europea para hacer que los parlamentos ratifiquen el tratado de la Unión Europea sin chistar. Y, entonces, si ubicamos las gestiones para establecer una dictadura en Europa en el marco de los intentos de Bloomberg por dominar la elección presidencial estadounidense, está claro que la oligarquía financiera internacional quiere reaccionar a la nueva depresión y a la crisis financiera mundial con los mismos métodos que empleó en los 1930, el corporativismo a la Mussolini y la austeridad de Hjalmar Schacht.