El juez Griesa exige que Argentina negocie "sin pausa" con los buitres

24 de julio de 2014

24 de julio de 2014 — En la audiencia que se realizó en Manhattan este martes 22, el juez federal Thomas Griesa rechazó la petición argentina de que se restituyera la suspensión de ejecución de sentencia sobre un fallo anterior suyo en donde ordenaba que el gobierno de Fernández de Kirchner le pague $1.6 mil millones de dólares a los fondos buitres que especularon con la deuda en incumplimiento de la nación.

Griesa atacó al gobierno argentino por su "retórica incendiaria", alegó que una suspensión de ejecución de sentencia era "innecesaria" y le ordenó a ambas partes negociar "puntual y continuamente" con el Magistrado Especial Daniel Pollack hasta que "se llegue a un acuerdo". Según The Wall Street Journal, Griesa dijo que Argentina debe negociar para conseguir "más tiempo" en estas reuniones, la primera de las cuales está programada para el 23 de julio a las 10:00am.

El plazo para que Argentina pague está fijado para el 30 de julio, el término del período de gracia de 30 días que empezó el 30 de junio, la fecha original en que se le había ordenado al gobierno de Fernández de Kirchner pagarle a los buitres. El abogado de Argentina, Jonathan Blackman, le dijo hoy a Griesa que lograr un acuerdo para el 30 de julio sin una ejecución de suspensión temporal "simplemente no se puede hacer".

Abundan las especulaciones sobre lo que va a hacer ahora Argentina, pero el problema aquí es político, no técnico. El gobierno sigue sosteniendo que pagarle a los fondos buitres no es una opción ya que esto activaría la cláusula RUFO (Righst Upon Future Offers, o sea, derechos sobre ofertas futuras) que establece que Argentina no puede hacerle una mejor oferta a los 'holdouts' (a los acreedores que no aceptaron la reestructuración), como se hacen llamar los buitres mismos, que la que se le ofreció a los tenedores de bonos reestructurados.

Mientras tanto los buitres están salivando sobre lo que le pueden exprimir a Argentina. El demandante chupasangre, Elliott Management, propiedad del multimilmillonario Paul Singer, fue la semana pasada a los tribunales de San Francisco para exigir que se embargaran los fondos colocados en Estados Unidos y que le pertenecen a la compañía petrolera paraestatal YPF y su socio estadounidense Chevron Corp, como pago por sus reclamos. Las dos compañías están asociadas en el desarrollo de las reservas de petróleo y gas de esquisto del campo Vaca Muerta.

Como lo destacó el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich en su conferencia de prensa del 21 de julio, estos informes demuestran muy claramente la "voracidad en apropiarse de activos reales". Agregó que si se activaba la cláusula RUFO esto provocaría que la deuda de Argentina se dispararía entre $120 y $500 mil millones y le infligiría un enorme daño institucional al país, ya que la Presidenta y su gabinete serían sujetos de demandas penales y civiles por cientos de millones de dólares.