Más que lo del robo del Seguro Social ata a Pinochet y a Bush

6 de febrero de 2005

<body><div align="center" class="style31"><tr><th align="left" class="style34" scope="col" valign="top">Envíalo a un amigo</th><th align="right" class="style34" scope="col" valign="top"></th></tr><font face="Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular"><font face="Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular"><span class="style37"></span></font></font><p align="center" class="style38">MÁS QUE LO DEL ROBO DEL SEGURO SOCIAL ATA A PINOCHET Y A BUSH</p><div align="left"><h5 class="style32"> <i>por Carl Osgood</i> </h5><p class="style32">El saqueo del Seguro Social no es lo único que tienen en común los regímenes de Pinochet y de Bush. Del mismo modo que Pinochet necesitó 8 años de represión brutal y de masacre de sus oponentes políticos para poderse robar los fondos de pensiones de los trabajadores, así el Gobierno de Bush no se hubiera atrevido a emprender su actual campaña para aplicar el “modelo Pinochet” sin haber adelantado esfuerzos draconianos semejantes. En el caso del Gobierno de Bush y Cheney, el equivalente al golpe de Pinochet fue el ataque del 11 de septiembre, el cual les brindó el precedente estilo “incendio del Reichstag” para iniciar una brutal represión interna bajo la denominada ley “Patriota”, y una agresiva campaña mundial de asesinatos contra presuntos “terroristas”. En el caso del Chile de Pinochet, el programa mundial de asesinatos tuvo el nombre clave de Operación Cóndor. Hoy el Gobierno de Bush tiene un programa muy parecido, en el muy anunciado plan de “reforma militar” del secretario de Defensa Donald Rumsfeld.</p><div><p>El parecido difícilmente es una coincidencia. Una de las primeras medidas que tomó la junta militar de Pinochet al tomar el poder luego del golpe de 1973, fue la de abrogarse poderes extraordinarios de Estado policíaco, los cuales durante muchos años siguieron renovándose cada 6 meses, porque dizque la situación de seguridad nacional lo justificaba. En julio de 1977, según un memorando escrito por el subdirector de operaciones de la CIA, Pinochet y el general Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, “creen. . . que hay una amenaza interna grave en Chile, y que los métodos empleados por la DINA para eliminar dicha amenaza han estado plenamente justificados”. Entre estos métodos estaban la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones ilegales y los asesinatos, y por lo general iban dirigidos contra la oposición política de izquierda.</p><p>De igual modo, luego del 11 de septiembre del 2001 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos encerró a miles de hombres de origen árabe o sudasiático, con el pretexto de que eran sospechosos de realizar actividades terroristas, y los retuvo en secreto, a veces durante semanas o meses, sin presentar una acusación formal o siquiera mencionar sus nombres ni el lugar donde estaban detenidos. El procurador general John Ashcroft emitió directrices nuevas que permitían vigilar a organizaciones religiosas y políticas, y a individuos, sin que mediaran pruebas de que hubieran hecho algo malo. Entonces acudió al Congreso, y le exigió que incluyera en los códigos estas medidas y otras de Estado policíaco, lo cual fue aprobado y recibió el infortunado nombre de ley Patriota de los Estados Unidos.</p><p>Entre otras cosas, la ley Patriota amplía la autoridad de las fuerzas policiales para realizar investigaciones secretas, le da plena libertad de interceptar llamadas y comunicaciones de internet, y le da acceso a registros que suelen ser privados con un mínimo de supervisión judicial.</p><p>La aprobación en diciembre de 2004 del proyecto de ley para reformar los servicios de inteligencia fue otro paso en este proceso, con la inclusión de una serie de disposiciones en la mentada ley “Patriota II”. Esta nueva ley rompe aun más la división histórica que separa las operaciones de inteligencia nacionales de las internacionales, cobijándolas bajo un mismo techo, y le agrega una provisión a la ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior de 1978, la llamada provisión “lobo solitario”, que convierte en sospechoso de terrorismo a cualquier persona que no sea estadounidense, sin considerar si existe o no conexión alguna con un gobierno o con una organización terrorista que esté sujeta a las órdenes de vigilancia de la ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA). Aunque la ley especifica que su objetivo son sólo los “no estadounidenses”, la persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento de Lyndon LaRouche en los 1980 demuestra que la FISA también puede cometer abusos contra estadounidenses.</p><p>Del mismo modo, la DINA de Pinochet combinó las funciones de inteligencia de la policía y del Ejército bajo el mismo jefe, Contreras, quien le rendía cuentas directamente a Pinochet.</p><p>Contreras fue uno de los pioneros de la Operación Cóndor, que fue un acuerdo de cooperación que también involucró a Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Un memorando de la CIA del 11 de agosto de 1976 señalaba que, según informes, los funcionarios de seguridad de Chile, Argentina y Uruguay estaban “ampliando sus actividades antisubversivas conjuntas, al grado de incluir el asesinato de terroristas de alto nivel asilados en Europa”. Más adelante añadía que la Operación Cóndor ya había incluido el desarrollo de una capacidad de recabación de información y una dirección de operaciones conjuntas en el sur de Sudamérica. Al menos en lo que a Chile concierne, los “terroristas” eran, por definición, los opositores al régimen de Pinochet, tales como Orlando Letelier, quien fue embajador de Chile en Washington y luego ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Salvador Allende, a quien Pinochet derrocó con el golpe de septiembre de 1973.</p><p>Más tarde Contreras, junto con otros, fue enjuiciado y condenado por el asesinato de Letelier en 1976. Nunca hubo una acusación contra Pinochet, aunque lo más seguro es que el asesinato no pudo ocurrir sin su conocimiento, si no es que su autorización.</p><p>Para el Gobierno de Bush lo del 11 de septiembre fue el equivalente a un golpe de Estado. Sin los ataques no hubiera podido imponer las medidas de Estado policíaco de la ley Patriota ni justificar la guerra contra Iraq. Su versión de la Operación Cóndor la está armando el subsecretario de defensa Stephen Cambone y su subalterno militar, el teniente general William G. “Gerry” Boykin, en el Pentágono. El <i>New York Times</i> informó el 19 de diciembre de 2004 que Cambone y Boykin están preparando una propuesta para que el Departamento de Defensa tome a su cargo operaciones secretas y de inteligencia humana, mismas que tradicionalmente le competen al organismos civil de la CIA. “En estos momentos estamos considerando la idea de darle algo de la flexibilidad que por años ha tenido la CIA a algunas fuerzas de Operaciones Especiales”, le dijo un funcionario de Defensa al <i>Times.</i> </p><p>Aunque el <i>New York Times</i> no lo menciona, es probable que uno de los prototipos de esta nueva capacidad sean los equipos de “cazadores” asesinos que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld ha desplegado en Iraq y Afganistán, conocidos como Zorro Gris, Fuerza en Misión Especial 121 y otros nombres. Estos equipos, integrados por personal de la CIA y del Ejército, tienen la tarea de cazar y asesinar a presuntos terroristas.</p><p>Sólo después de 8 años de represión bajo un Estado policíaco, después de que toda oposición fue aplastada —incluso el movimiento laboral—, el régimen de Pinochet emprendió el robo del sistema público de pensiones. El Gobierno de Bush, tras imponer medidas casi idénticas, ahora va camino a robarse el Seguro Social en favor de los banqueros sinarquistas. Sin embargo, a diferencia de Chile, la oposición política al plan de Bush está vivita y coleando, y la encabeza Lyndon LaRouche.</p><p> </p></div></div></div></body>